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La inclusión de los estudiantes con habilidades especiales

Juan Sebastián Ávila tiene una sonrisa particular. Es tímido y aunque está en compañía de sus padres, Jeny y Gervert, no emite muchas palabras para expresar si se siente a gusto con lo que pasa a su alrededor. ‘Juanito‘, como le gusta que le digan, está en segundo de primaria, tiene 8 años y fue diagnosticado con trastorno de desarrollo del habla y del lenguaje cuando cursaba primer grado.

Su paso por el colegio no comenzó con pie derecho. Juan Sebastián solía salirse del salón, no copiaba en su cuaderno lo que escribían en el tablero y en una ocasión lanzó un tajalápiz a la cara de su maestra cuando lo gritó por haberse equivocado. Su personalidad era tan impredecible que si no recibía atención especializada para controlar su carácter y potenciar sus habilidades, iba camino a perder otro año escolar.

En el colegio distrital CLASS, al sur de Bogotá, hay dos docentes de apoyo para tres sedes y seis jornadas. Lorena Becerra lleva el caso de Juan Sebastián y de 59 niños y niñas más que tienen alguna discapacidad cognitiva, de orden neurobiológico, hipoacusia, baja visión y aquellos con capacidades y talentos excepcionales.

Hace dos años, cuando entró en vigencia el decreto 1421 del Ministerio de Educación –que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad– los colegios implementaron estrategias para dar cumplimiento a la norma y, aunque no se han presentado tropiezos y falencias, hoy existen más de 185.529 estudiantes con discapacidad matriculados en todo el país. SEMANA Educación les puso la lupa a este programa y a sus protagonistas; niños, niñas, padres y docentes en Bogotá.

Anteriormente, el paradigma de la integración indicaba que las instituciones debían recibir a los estudiantes con discapacidad hubiese o no una persona especializada para llevar a cabo su proceso formativo. Ocupaban una silla y un pupitre, pero difícilmente tenían un seguimiento académico acorde con sus necesidades, por lo que algunos repetían con alta frecuencia y en otros se registraba una rápida deserción escolar.

Sin embargo, el decreto actual, bajo el paradigma de la inclusión, ha intentado garantizar la permanencia de esta población en la educación formal, sin tener que segregarlos a aulas especializadas.

“El estudiante tiene derecho a participar, a una flexibilización o ajustes curriculares y a unos ajustes de tiempo en la institución, en pro de que tengan calidad de vida”, explica Lorena Becerra, docente de apoyo licenciada en educación especial.

La descripción del caso, las sugerencias del docente de apoyo, los diagnósticos médicos y los compromisos de los padres quedan consignados en un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) que se revisa en cada periodo académico para evaluar el progreso del niño.

De esa forma, aunque Juan Sebastián ve las mismas temáticas que sus compañeros, Lorena promueve que se le evalúe en otros procesos académicos y convivenciales. Y vaya que se han visto los resultados: ahora él toma dictado, lee, identifica los números y es más sociable.

“Para educar a un niño pequeño el docente debe tener su método de enseñanza. La profesora Lida sí tuvo paciencia y supo estimularlo”, dice Gervert Ávila, padre de Juan Sebastián. “Mi hijo es muy hábil para el dibujo, el boletín dice que muestra un gran avance”, comenta Jeny Salamanca, su esposa.

Como señala Lorena, los niños no mejoran porque ella los vea una vez a la semana en su aula de inclusión y les refuerce ciertas temáticas; lo hacen por la práctica pedagógica de la docente permanente en el salón de clases. Sumado al trabajo en casa es importante la ayuda médica que brinda el sistema de salud al diagnosticar el tipo de discapacidad y dar el tratamiento adecuado.

No obstante, para Carlos Iván García, director de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación del Distrito, una dificultad para brindar atención integral a los estudiantes con discapacidad es la falta de oportunidad y de calidad en los procesos de atención en salud.

“Las EPS no responden en los tiempos que se requiere, los tratamientos no son pertinentes y la mayoría de las veces, los profesionales de la salud emiten conceptos frente a cómo debe ser la educación de los estudiantes sin tener la competencia pedagógica para ello”, señala García.

En casos de discapacidad el tiempo es clave. Lo que un niño no aprende en la edad y el momento correcto es muy difícil que lo asuma más adelante. Por eso, si no existe un diagnóstico médico del estudiante, el docente no puede remitirlo al programa de inclusión y esto retrasa el proceso de aprendizaje.

Además, si tampoco existe un equipo interdisciplinario para centrarse en cada niño, los docentes de apoyo quedan atados de manos. Por eso, Lorena menciona que falta apoyo de un psicólogo, un terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo y enfermeros en casos complejos.

A cambiar el chip

Kennedy es la localidad de Bogotá donde hay más estudiantes con discapacidad en instituciones públicas (2.593). El colegio Paulo VI entró en plan de contingencia por tener un alto índice de repitencia y deserción, en donde la población con discapacidad representa un gran desafío.

Lida Jineth Muñoz, licenciada en educación especial, era la única docente de apoyo del colegio cuando salió la normativa en 2017. Atendía 90 casos en las dos jornadas.

Al inaugurar el programa de inclusión se encontró con mitos como que los estudiantes en condición de discapacidad aparecieron de un momento a otro en los colegios cuando se lanzó el programa de inclusión. Lo que sucedía es que no estaban caracterizados ni se hacía un seguimiento por caso.

Según el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (2018) hay 1.418.065 personas con discapacidad en Colombia, pero 41 por ciento de la población entre 5 y 24 años no está escolarizada y 56 por ciento manifestó que asistía a alguna institución educativa. Para este último grupo en el colegio Paulo VI existe un refuerzo extra los fines de semana para que se nivelen académicamente.

Los docentes debían capacitarse

Si bien es cierto que los docentes de otras épocas no se formaron en pedagogía para niños con discapacidad, los pénsums actuales les proporcionan algunas asignaturas relacionadas con diversidad o atención diferencial. “Ya no se vale decir que no fue formado para esto”, reitera Lida.

Es necesario que los docentes del aula se capaciten para dar la mejor atención posible a esta población y para eso, según datos suministrados por la Secretaría de Educación, existen varios convenios con universidades públicas y privadas para instruirse en ambientes de aprendizaje incluyentes, o en modalidades del trastorno del espectro autista, la discapacidad cognitiva y psicosocial.

No obstante, hay que señalar que la mayoría de docentes ya entendieron que deben transformar su método de enseñanza y hacen su máximo esfuerzo por obtener buenos resultados con estos niños.

Hay logros, pero falta inversión

Jefferson Camilo Fino Castro ha repetido tres veces el grado quinto. Tiene 13 años y gracias al acompañamiento de la docente Lida y el apoyo de su madre Carolina Castro, pasó de perder ocho materias a reducir este número a la mitad. Ha fortalecido su comprensión lectora y aunque todavía le cuesta desarrollar la lógica matemática, ellas tratan de darle las herramientas necesarias para que vaya al ritmo de sus compañeros de clase.

Sin embargo, el material pedagógico que debería llegar para este colegio es insuficiente y esta es una situación que se repite en varias instituciones. En este caso, Lida cuenta que solo obtuvo una oficina a comienzos de este año para atender personalizadamente a Camilo y a sus otros 40 estudiantes con discapacidad. Antes lo hacía en cualquier lugar disponible del colegio. Pero además, señala que el material pedagógico no llega o no se ajusta a los niños con baja visión, autismo o con problemas más severos.

La Secretaría de Educación registra que hay 873 docentes de apoyo en toda la ciudad, 121 enfermeras, 85 intérpretes en lengua de señas y 110 mediadores para dar soporte a todos los colegios que cuentan con población discapacitada. Lo que indica que hay una disparidad entre el número de profesionales y el número de estudiantes con discapacidad matriculados, que en Bogotá ya son 19.600.

 

Fuente: Revista Semana

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